La UNT en los años del Proceso
¿Cómo se vivió el golpe militar de 1976 en la Universidad Nacional de Tucumán? ¿De qué manera reaccionó y se organizó el movimiento estudiantil tucumano en los años oscuros de la historia nacional? Fernando Valdez, ex dirigente universitario y actual legislador provincial, recuerda momentos destacados de la universidad de entonces y reflexiona sobre los duraderos efectos que tiene la tradición antidemocrática en la educación superior.
La dictadura militar que devastó nuestra patria en el periodo 1976-1983 se apoderó también de la Universidad Nacional de Tucumán. Las persecuciones que se sucedieron entre la izquierda y la derecha del peronismo -luego de la muerte de Perón- encontraron expresión en el plano educativo con la asunción del Ministro de Educación Oscar Ivanissevich en 1975. Ivanissevich era un peronista antiguo (ministro en el primer gobierno de Perón) y nacionalista de derecha que llegó a su cartera con el objetivo, entre otras cosas, de “depurar” las universidades de ideología izquierdista. Las desavenencias de poder en el partido gobernante, en aquellos años, tenían este tipo de repercusión en la sociedad y en el Estado.
Estas presencias en la vida nacional deberán ser discutidas con honestidad intelectual para dejar atrás falsas antinomias, pero reconociendo, como dice Augusto Pérez Lindo, que «el ‘lopezrreguismo’, la Juventud Peronista, Montoneros, la burocracia sindical, Perón, Isabelita, las Tres A, estuvieron en el epicentro de un proceso cuyo protagonista principal fue el peronismo», es decir, que tuvieron fuerte gravitación en el país y en el desenlace político de esa década. Todo ello amerita un debate histórico sincero y superador. Por lo pronto, yo tan sólo me propongo recordar algunos episodios que muestran cómo fue la vida de la Universidad Nacional de Tucumán en los años del Proceso, muchos de ellos experimentados en primera persona, algunos vividos por gente muy cercana, pero todos pertenecientes a una misma historia -mal escrita y mal recordada- que nunca deberíamos olvidar.
Antes y después
La debacle de los años setenta empezó en la UNT antes del arribo de los militares al poder. Concretamente, a partir del año 1975, cuando asumió el Rectorado Juan José Pons (17/09/1975 – 25/03/1976), el clima de terror, intolerancia ideológica y persecución se instaló y con los años no hizo otra cosa que profundizarse. Por esa época se registró la creación del Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Universidad Nacional de Tucumán, centro de seguimiento y persecución de los universitarios opositores -tanto estudiantiles como docentes y no docentes-, que participaría en la represión directa con los grupos parapoliciales y militares, y también actuaría como enlace con otros organismos de orden estatal (SIDE, Policía Federal, Destacamento de Inteligencia 142, etc.).
Primeros hombres.
Mediante la resolución nº 131/76, el entonces rector contrató a un deleznable personaje -cuyo nombre no vale la pena recordar- conocido por su militancia en grupos antisemitas y de provocación antidemocrática para dirigir este Servicio, cuya misión no escrita era organizar la ignominia, «depurar los claustros» e iniciar la tarea de lucha ideológica final marcada por la importada ‘doctrina de la seguridad nacional’.
Las persecuciones en la UNT significaron la pérdida de algunos de sus mejores miembros, ya sea por la desaparición forzada, el asesinato liso y llano o el exilio obligado interno o externo al que muchos fueron obligados. Las cesantías -en especial de docentes- practicadas por las autoridades designadas por Pons fueron confirmadas en su mayoría luego del golpe.
Esta política de intolerancia extrema se profundizó con la dictadura militar y con la designación, por primera vez en su historia, de un «delegado militar a cargo del gobierno de la UNT»: el Coronel Barroso. Una publicación del matutino La Gaceta de días posteriores al asalto al poder (15/05/1976) daba una cifra de 357 «bajas producidas entre personal docente, administrativo y de servicio en la UNT». Este término vago e impreciso (“bajas”) ya no permitía discernir si se hablaba de renuncias forzadas, cesantías, desapariciones o todo esto a la vez.
La «labor académica» de Barroso fue muy prolífica. Creó en la entonces Escuela Universitaria de Educación Física (EUDEF) un centro clandestino de detención. Fue el único centro de detención y torturas del país que funcionó en localizaciones universitarias, hecho que se registró desde fines de marzo y hasta fines de mayo de 1976 y que se conoció por las declaraciones de personal docente y no docente de la EUDEF y testimonios de estudiantes que estuvieron allí detenidos y que sobrevivieron, prestados ante la Comisión Bicameral de los Derechos Humanos de la Legislatura de la Provincia de Tucumán -creada por ley provincial nº 5.599-.
Otra de las funciones de depuración a la que estaban entregadas estas eminencias se tradujo en el dictado de la resolución nº 931-76, por la cual se creaba una comisión especial que se avocaría a la tarea de depurar las bibliotecas de la Universidad. ¿La razón? La existencia de «publicaciones que por el tema que tratan no deben formar parte de las mismas por falta de vinculación con las disciplinas que se dictan en el organismo» y «que al exponer los problemas políticos o filosóficos, tiendan a orientar hacia una determinada corriente ideológica, que puedan perturbar las mentes sanas de una juventud que debe recibir una enseñanza totalmente objetiva».
Cuerpos que importan.
Pero las políticas de ‘transformación’ no terminaron allí, sino que fueron complementadas con decisiones ejemplificadoras, como el diezmo de la plantilla de profesores. Especialmente grave fue el caso de la carrera de Psicología, que llegó a cerrar el ingreso de alumnos durante algunos años. En esos días, el Canal 10, la televisora que la UNT había creado en el año 1966, le cedió gratuitamente al gobierno de la provincia el 30% de las acciones en un acto de liberalidad extrema, en abierto perjuicio del patrimonio de la UNT, situación que nunca fue revisada por la universidad democrática.
Se registraron 170 desaparecidos pertenecientes a la UNT: estudiantes secundarios y universitarios, docentes, graduados y no docentes. Gracias a un proceso de memoria y verdad, al cual volveremos luego, esta cifra pudo determinarse. Pero hablemos primero del esfuerzo que hicieron muchos tucumanos en aquel tiempo para enfrentar esta situación.
Movimiento estudiantil
En Tucumán, al igual que en el resto del país, fue recién en el año 1981 que la sociedad empezó a salir del letargo. Comenzaron a darse contactos entre las distintas fuerzas políticas, subterráneamente todavía, y se conformó una multisectorial donde participaban los partidos políticos y las organizaciones sociales aún de forma clandestina.
El 29 de marzo de 1982, y ante la convocatoria de la CGT (Ubaldini) que no era funcional a los intereses de la dictadura –a diferencia de la CGT (Triaca)-, se realizó la primera movilización popular, que en Buenos Aires fue duramente reprimida por la policía. En nuestra provincia, esa movilización también se llevó a cabo, y por primera vez en años -y sin estar todavía totalmente organizadas- algunas agrupaciones estudiantiles participaron de un acto político público. La marcha fue interceptada por la policía frente a la Casa Histórica, y todos sus participantes fueron detenidos, recuperando su libertad al día siguiente.
En estos pequeños episodios los estudiantes lograron encontrarse de nuevo y, de a poco, organizarse e intercambiar sus inquietudes políticas. Durante la guerra de Malvinas, por ejemplo, la solidaridad con los soldados argentinos los empujó a organizar campañas, por medio de una comisión interfacultades, que incluyó un concierto en el Teatro San Martín para juntar donaciones. Pero luego, más avanzado el año 1982, comenzó cabalmente la reorganización de los centros estudiantiles y de sus agrupaciones políticas.
Después de la derrota en Malvinas, el reclamo unánime de los estudiantes universitarios, al igual que el del resto de las organizaciones políticas del país, fue la recuperación de la democracia y la vuelta a la plena vigencia del Estado de derecho. Se dinamizaron estas expresiones con el correr de los días de un régimen que estaba al borde del colapso. Los estudiantes universitarios para entonces participaron ya activamente de la convocatoria de la Multipartidaria a una marcha que se celebró el 16 de diciembre de 1982, para exigir el llamado a elecciones generales sin proscripciones de ningún tipo.
Caballo rey.
Finalmente, después de años de prohibiciones, en el mes de agosto de 1983 tuvieron lugar las primeras elecciones de centros de estudiantes en la UNT. El clima de aquellos comicios habló a las claras de que la experiencia dictatorial en las nuevas generaciones estudiantiles había calado hondo. A nivel nacional, en la constitución de la Federación Universitaria se privilegió la unidad del movimiento estudiantil por encima de cualquier diferencia histórica o ideológica. Poco después el gobierno del Dr. Alfonsín reconocería esta realidad encarnada por los estudiantes, dándole estatuto legal a la representación estudiantil universitaria por medio del decreto nº 154/83. En éste se reconocía la existencia como únicas instancias representativas de los estudiantes a la FUA (Federación Universitaria Argentina) a nivel nacional, a una federación regional por universidad nacional y a un centro de estudiantes por unidad académica.
La nueva configuración del movimiento estudiantil se diferenció de aquella que había existido en los años 60′ y 70′ a partir de una toma de conciencia, fundada en este caso en la necesidad de la unidad estudiantil para luchar por la recuperación del Estado de derecho y para emprender la defensa y consolidación de la democracia. Las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el terrorismo de Estado plantearon un enorme desafío para los estudiantes y sus organizaciones. Ésta era la posición que, con diferencias de matices, compartían la mayoría de las agrupaciones estudiantiles y especialmente Franja Morada, que con las elecciones que se realizaron en 1983 en las universidades de todo el país habría de conducir mayoritariamente los centros, las federaciones regionales y luego la Federación Universitaria Argentina.
El movimiento estudiantil de los 80’ comprendió que el verdadero cambio revolucionario pasaba por la consolidación de las libertades públicas, de las garantías individuales, por el respeto irrestricto a la ley y la tolerancia para con las minorías. A diferencia del movimiento de los 70’, para este movimiento la distancia que mediaba entre la democracia formal y otras formas de gobierno pasó a significar «la misma distancia que hay entre la vida y la muerte».
En este sentido si bien fue continuador del «propio de la tradición de Córdoba o la de su epígono, el movimiento estudiantil de los 60’”, en tanto «buscan incidir en la marcha de la institución universitaria para convertirla a ésta en partera de la modernidad», lo fue sólo en tanto todas sus aspiraciones políticas estuvieran guiadas por la estabilidad y profundización del gobierno democrático.
Memoria y verdad en la Universidad
La plena vigencia del Estado de derecho fue la premisa básica que esgrimieron los estudiantes de la UNT luego de las elecciones libres. Esta nueva etapa en los claustros universitarios debía construirse, para ellos, sobre la base de las ideas de verdad y justicia. Por ello los estudiantes, junto a otros sectores de la Universidad, pidieron acompañar la decisión del gobierno de Raúl Alfonsín de juzgar y castigar a los responsables del terrorismo de Estado y a todos los militares y miembros de las fuerzas de seguridad comprometidos con la violación de los derechos humanos más elementales, como la vida y la integridad física.
Cambio climático.
El movimiento estudiantil acompañó la creación de la CONADEP y consejeros estudiantiles de la UNT, Presidente y Vice de la FUT -ambos de Franja Morada-, presentaron un proyecto en el Consejo Asesor Consultivo a fin de crear una comisión que investigara las desapariciones de los estudiantes de la UNT, confeccionando un listado y girando las actuaciones a la justicia. El Consejo Asesor hizo suya la propuesta. Se dictó, en consecuencia, la resolución nº 1109 / 984 por la que se autorizaba al rector a designar una comisión especial que tenía “como misión recibir información o denuncias que tengan relación con las situaciones enunciadas en el exordio, a los fines de la confección del listado de estudiantes, docentes y no docentes desaparecidos y obrar consecuentemente ante la justicia».
En sesión ordinaria del 28 de agosto de 1985 el Consejo Superior Consultivo dictó la resolución nº 1727 / 985 por la que aprobó parcialmente un dictamen presentado por la Comisión referida en el párrafo anterior, resolviendo en su art. 1º: «Condenar enérgicamente el atropello al que se vieron sometidos los más elementales derechos del Hombre, durante la vigencia del estado de terror al que se arrastró al país entre los años 1975 y 1983, siendo el deseo de la Universidad Nacional de Tucumán que situaciones como las recientemente vividas nunca más deben tener cabida en la historia de nuestro país».
Luego por resolución 1015 / 986 del 14/07/1986 el Consejo decidió ampliar el período que la Comisión debía investigar y abrió la puerta para que se efectuaran averiguaciones y se recibiera información y denuncias que abarcaran a hechos sucedidos hasta entrado el mes de noviembre de 1974, fecha en que se instauró el estado de sitio en el país. Mediante otra resolución se decidió realizar un homenaje a los miembros de la comunidad universitaria de la UNT detenidos-desaparecidos, descubriendo una placa en el patio central del Rectorado.
Los estudiantes y las agrupaciones aportaron su esfuerzo y su compromiso al proceso de recuperación institucional en el país. Entre los funcionarios universitarios de la democracia recuperada hubo muchos que escucharon este deseo de los estudiantes y no tan sólo acompañaron sino que fueron autores de esa reconstrucción. Lo hicieron en el convencimiento que de ese modo aportaban a la construcción de una sociedad sin exclusiones, más libre y más igualitaria o donde ése era al menos el mayor desafío planteado, incorporando siempre en ese discurso a la Universidad como vector de cambios. Esa universidad deseada aún tiene que ser conquistada, pero siempre con las armas de la democracia. Es bueno saber que el movimiento estudiantil de aquellos años ya estaba convencido de ello.
El autor es abogado y legislador provincial.
Imágenes: Jerónimo Cipriani.
