El juicio por jurados en la República Argentina
¿En qué consiste el juicio por jurados? ¿Por qué no ha sido implementado en nuestro país, a pesar de que la Constitución lo prescribe? Agustín Eugenio Acuña brinda una síntesis de la cuestión, y pondera los argumentos a favor y en contra de esta forma de alcanzar los veredictos en el sistema judicial.
Si usted es acusado de cometer un delito, será juzgado por un tribunal compuesto de tres jueces que fueron a una facultad de derecho y allí se recibieron de abogados. Hoy son funcionarios que cobran sus sueldos del Estado argentino. Quien lo acusará será un fiscal, alguien que estudió lo mismo y cuyo sueldo también lo paga el Estado. Además, usted tendrá que tener un abogado defensor, a quien en el mejor de los casos, le pagará usted mismo o, en el peor, el propio Estado. Los jueces conducen el juicio y emiten la sentencia en la cual determinan si usted es inocente o culpable, el delito que cometió y la pena aplicable de acuerdo al Código Penal.
En el juicio por jurados, en cambio, los jueces (generalmente 3) son reemplazados por un único juez y un número de ciudadanos (generalmente 12), que no saben derecho (el empleado de comercio, la maestra de escuela, el chofer de colectivo, etc.). Las tareas se dividen: mientras el juez sólo conduce el juicio, es decir: el debate, el jurado determina si usted es inocente o culpable y de qué delito. En algunos sistemas, el jurado sugiere la pena o hasta indica que corresponde no aplicar la ley en el caso concreto (“jury nullification”). ¿Qué hace el juez? Determina la pena a cumplir. En este reparto de tareas, el jurado emite el “veredicto” y el juez la “sentencia”.
Para los desprevenidos que creen que esto del juicio por jurados es “cosa de yanquis” o de “las películas”, debo aclararles que no es así. El juicio por jurados no es privativo de Hollywood. Muy lejos está de serlo puesto que nuestra Constitución Nacional lo establece en tres ocasiones: la primera en el ámbito de los derechos y garantías (art. 24), la segunda en el del Poder Legislativo (art. 75 inc. 12) y la tercera en el del Poder Judicial (art. 118).
Tribunal en fuga.
El juicio por jurados en la Argentina es una muestra contundente de que una idea, aunque aparezca repetida a lo largo de un texto constitucional, no se hace realidad por sí sola. Desde su inclusión en la Constitución de 1853 hasta el día de la fecha, se trata de una aspiración incumplida históricamente por los legisladores nacionales, cuyo mandato constitucional es llevarlo a los hechos. Pero en un país donde las citaciones judiciales son incumplidas, el no dictado de una ley prevista en la Constitución es algo que realmente no puede extrañar tanto.
Cabe destacar que tampoco le preocupa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación este incumplimiento. Desde 1911 (sí, hace más de 100 años) ha mantenido su doctrina al respecto: el Congreso de la Nación no tiene el deber de proceder inmediatamente al establecimiento del juicio por jurados (caso “Loveira c. Mulhall”) aunque la Constitución, en el mismo inciso, lo inste a hacerlo con no menor celeridad que al ya viejo (y reformado) Código Civil, por ejemplo. A la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán tampoco suele molestarle la falta de dictado de la ley correspondiente y por eso, en el año 2010 (caso “Villagra s/ Tentativa de homicidio”), convalidó nuevamente la omisión del legislador al afirmar que “…la Constitución Nacional no ha fijado un plazo al Congreso para la regulación del instituto”.
Sin perjuicio de que se debe cumplir con la implementación del juicio por jurados porque así lo ordena la Constitución -aunque no nos guste-, es importante enfocarse en lo que el juicio por jurados puede aportar (y ya aporta) a nuestro país.
Se trata, en primer lugar, de la institución indicada para lograr la tan declamada (y jamás realizada) “democratización” del poder judicial. Es éste el único de los tres poderes en nuestro país en el que no existe una real participación de la ciudadanía en su conformación, sino tan solo un indirecto involucramiento del “pueblo” a través de la nominación presidencial con acuerdo del Senado (art. 99 inc. 4 de la Constitución). El juicio por jurados otorga la posibilidad de que realmente los ciudadanos se incorporen a la tarea de impartir justicia: que aquellos que forman el “pueblo” y que con sus impuestos contribuyen al mantenimiento del sistema judicial tengan un asiento en él. Es la posibilidad verdadera de entrar al engranaje de uno de los tres poderes del Estado y poder aportar algo a su funcionamiento. Ese aparato que tantas veces criticamos “desde afuera”.
Además, el juicio por jurados consiste claramente en una herramienta clave para popularizar el derecho y su lenguaje, acercándolo al ciudadano de a pie. Ya lo decía Alexis de Tocqueville en La democracia en América: “El jurado acaba por familiarizar con ellos a todas las clases. El lenguaje judicial se vuelve, por decirlo así, la lengua vulgar…”.
También influiría en el ejercicio de la profesión de abogado, ya que los estudiantes de esta carrera actualmente carecen de una formación en nociones básicas como argumentación y colecta de la prueba. En la misma línea, el jurado opera como garantía para que el ciudadano sea juzgado por sus pares y no por los jueces, funcionarios profesionales pagados por el Estado. El jurado representa al pueblo y es a él a quien le corresponde habilitar -o no- al Estado a ejercer la violencia (pues básicamente eso es la pena) contra un ciudadano que lo integra, infractor de la ley.
Hombres de honor.
Carta de navegación
Si uno quisiera entender por qué hasta el presente el juicio por jurados no se ha implementado sino en algunas provincias de nuestro país (Córdoba, Neuquén y Buenos Aires), debe bucear entre las críticas y obstáculos señalados por sus opositores.
“La sociedad no está preparada”. Éste es uno de los latiguillos preferidos de los antijuradistas, que no se dan cuenta de que semejante frase encarna una subestimación despectiva de la ciudadanía. ¿Cuándo estaremos preparados como ciudadanos entonces? ¿Pueden los cordobeses, neuquinos y bonaerenses estar preparados y el resto del país no? La realidad es que la implementación del juicio por jurados en las distintas provincias ha mostrado que los veredictos dados han sido razonables, sin subirse a la ola de neopunitivismo o “mano dura” que los penalistas tanto temen.
“El jurado no sabe derecho”. Muchos critican lo que es una realidad. Efectivamente los jurados no saben derecho ni tampoco deben saberlo. La crítica viene desde la ignorancia. En un juicio por jurados, el jurado es instruido por el juez en cuanto al derecho se refiere. En la etapa correspondiente, es el juez quien luego de un debate entre las partes, elabora lo que se denominan “instrucciones al jurado”. En ellas el juez explica claramente los puntos a los que debe circunscribirse el debate en lo que hace al derecho. En cambio, el jurado decide si se probó o no la imputación. Esto es muy importante: los jueces, en lo que hace a la valoración de los hechos, no son más que cualquier ciudadano, no son “súper hombres”. Todo lo contrario, se rigen por lo que se denomina “sana crítica”, lo que en criollo no es más que sentido común, algo compartido por todos los mortales.
El siglo de la luces.
“La gente no va ni a votar, menos va a ser jurado.” Por más que parezca una broma, éste es un argumento real dado por los antijuradistas. Nuevamente la realidad se encargó de desmentirlo. En la práctica, los ciudadanos cumplen con la obligación cívica, se presentan a las citaciones y desempeñan su cargo con gran compromiso. Eso es lo que ha quedado demostrado con la puesta en marcha del sistema en Córdoba, Neuquén y recientemente Buenos Aires. El argumento antijuradista es nuevamente prejuicioso y despectivo. El árbol les tapa el bosque: no es que el jurado no puede funcionar porque no hay ciudadanos comprometidos y capacitados, sino que el jurado funciona por esos ciudadanos y tiende a multiplicarlos con el ejemplo. El jurado forma ciudadanía.
Todos mienten.
Recientemente, ha habido una gran cantidad de proyectos para materializar el juicio por jurados a nivel federal. Hoy en día, el gobierno -a través de su programa Justicia 2020- prevé la implementación del juicio por jurados tanto a nivel nacional (ya previsto en el suspendido Código Procesal Penal) como provincial. Cristina Fernández de Kirchner, en los tiempos en los que se desempeñaba como senadora, también presentó un proyecto en este sentido, al igual que los ex legisladores nacionales Jorge Yoma y Eugenio “Nito” Artaza.
¿Se podrá avanzar en la idea de la implementación del juicio por jurados a nivel nacional? Con un país más preocupado por su situación económica y un gobierno en franca minoría en ambas cámaras del Congreso, el panorama se dificulta. En realidad, el programa Justicia 2020 demandará en su totalidad grandes esfuerzos para lograr los acuerdos necesarios en el parlamento. ¿Valdrán la pena tantos esfuerzos? Siempre vale la pena cumplir con la Constitución, porque es la carta de navegación del país. Es más, no debería ser una pena cumplirla, sino todo lo contrario.
Quizás por la situación de permanente anomia en la que se encuentra nuestra nación, tan bien descripta por Carlos Santiago Nino en su famoso Un país al margen de la ley (1993), la falta de implementación del juicio por jurados no llame lo suficiente la atención del ciudadano de a pie, más preocupado por la coyuntura económica. ¿En quiénes recae la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución? A mi criterio, los que tenemos la fortuna de tener nuestras necesidades básicas satisfechas somos los que debemos trabajar para que el juicio por jurados deje de ser un ejemplo de anomia y pase a ser un ejemplo del cabal cumplimiento de la Constitución.
Imágenes: María Mines.
1 Comment
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Web Hosting dice:
17 abril, 2017 a las 11:49 pm
Es absurdo decir que tienen ninguna responsabilidad moral por el uso que se pudo haber hecho del veredicto por el gobierno, cuando tienen razon para suponer que sera utilizado para propositos de injusticia.