Elecciones, protesta y represión
¿Es legítimo protestar ante un resultado electoral adverso? ¿Existe la represión legal? Roberto Gargarella, gran referente del derecho constitucional argentino, responde con gentileza éstas y otras preguntas relacionadas con el momento político que vive la provincia de Tucumán. Una reflexión acerca de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la obligación que tiene el Estado de salvaguardarlos.
Trama: ¿Cuáles son los estándares a partir de los cuales se determina la legitimidad de una protesta popular? ¿Es legítimo protestar ante un resultado electoral adverso?
RG: Ante todo, no creo que podamos o debamos pensar en los estándares sobre la protesta como buscando algoritmos o fórmulas científicas; sólo nos queda razonar a la luz de las reglas (también jurídicas) que tenemos. Como criterios generales, diría en todo caso que a la hora de reflexionar sobre cómo reaccionar legalmente frente a protestas que entran en tensión con los derechos de otros, resulta especialmente importante prestar atención a la gravedad del derecho en nombre del cual se protesta; a las alternativas que tienen los que protestan para hacer conocer sus reclamos o expresar sus quejas (y, en caso de ser razonables, verlas satisfechas); y a la seriedad de los derechos que pueden haber afectado con sus demandas. Muchas de las protestas que se dieron en las últimas décadas tuvieron que ver con derechos fundamentales afectados gravemente, en un país no sólo rico en recursos sino –además- con compromisos legales y constitucionales altísimos en materia de derechos sociales, económicos y culturales. Hablo de derechos que el Estado está obligado a garantizar, conforme a lo que establece su propia Constitución. En este contexto, por supuesto, los reclamos relacionados con cuestiones electorales –mucho más si hablamos de una elección presidencial o de gobernador- merecen ser tomados con enorme cuidado. Más allá de que siempre –y de un lado y otro- existan manipuladores y aprovechadores, como diría John Locke (que era un pensador del siglo XVII, y bastante conservador por lo demás) la gente no se pone de pie porque sí, porque quiere molestar a alguien o divertirse, sino cuando tiene algo importante para decir. Es por ello que deben tomarse muy en serio esas manifestaciones masivas y que se prolongan como irritación social en el tiempo. Es un error desmerecer lo que ocurre allí como si no hubiera nada importante en ellas o sólo nos hablaran de algunos aprovechadores que quieren pescar a río revuelto.
Un año sin amor.
Trama: ¿Existe la represión legal? De ser el caso, ¿cómo se discierne cuándo lo es y cuándo no? ¿Fue legal la represión en Tucumán?
RG: Por supuesto que en democracias consolidadas, como la nuestra, existen posibilidades y recursos suficientes como para responder civilizadamente y dentro de la ley a la mayor parte de las demandas fuertes que se originan en la sociedad. La mayoría de las protestas de los últimos tiempos, insisto, no se deben a personas que salen a la calle a sacar alguna pequeña ventaja, para pasar el tiempo o para molestar indebidamente a los otros. La mayoría de las protestas surgen a partir de las graves violaciones que comete el Estado sobre derechos que está obligado a garantizar. Nuestro país tiene recursos suficientes para asegurar los derechos básicos establecidos en la Constitución (recursos que muy habitualmente dilapida en gastos de propaganda, en corrupción o en el “fútbol para todos,” por tomar tres ejemplos hoy relevantes), y por ello considero que esas quejas masivas no existirían si el Estado cumpliera con sus obligaciones mínimas. Entonces hoy, en principio, no podemos hablar de represiones justificadas ante marchas masivas de la ciudadanía. La marcha de Tucumán, obviamente, fue reprimida de modo ilegítimo e ilegal. Aún en el peor caso, suponiendo que no hubo fraude y algunos opositores promovieron arteramente la protesta (es decir, concediendo lo que no creo que debamos conceder), lo cierto es que amplios sectores de la población pudieron reconocer casos graves de trampa electoral promovida por el oficialismo, que ameritaban actos de constricción, disculpas y enmienda antes que actos de represión. Estos no sólo no resultaron justificados bajo ninguna perspectiva, sino que además parecieron exclusivamente destinados a certificar la impunidad y los serios casos de fraude denunciados.
En su justa medida.
Trama: ¿Existen antecedentes de comicios anulados en el país? De ser así, ¿en qué condiciones se tomó esa decisión? ¿Cómo puede abordarse el tema desde la teoría constitucional?
RG: Nuestra democracia -a nivel nacional y local- se encuentra gravísimamente socavada, fundamentalmente porque el poder político y económico dominante se ha encargado de cerrar los canales institucionales de la participación cívica. Ello provoca, entonces, lo que hablábamos antes: la mayor parte de las movilizaciones surgen de gente que no encuentra canales institucionales para expresarse y, cuando se queja, el poder de turno responde que su protesta está fuera del derecho –luego de haber cerrado todas las vías destinadas a posibilitar la protesta “legal”-. En este contexto, el único canal real y efectivo de participación popular es el voto, lo cual habla muy mal de nuestro sistema democrático. Si el poder dominante afecta también ese canal, provocando de decenas de maneras diferentes que el voto popular quede distorsionado en los resultados de los comicios, entonces lo que ocurre es que la ciudadanía reconoce -con razón- que la única herramienta democrática que le quedaba bajo control también fue colonizada por el poder. Contra dicha situación no sólo debe expandirse la democracia participativa en diversos ámbitos sino, también y sobre todo, debe cuidarse la única herramienta democrática real que se encuentra hoy vigente. Si existen sospechas fundadas de casos de fraude –como hoy existen en Tucumán-, en lugar de poner una alta carga de prueba sobre los que critican y señalan fallas electorales o trasladar responsabilidades a los demás, lo que debe hacer el poder en ejercicio es sobre-reforzar los cuidados sobre el derecho de voto, despejando cualquier duda razonable respecto del principal acto de la soberanía popular.
Imágenes: Matías Salvatierra.
