¿Bajo qué tipo de régimen viven realmente los venezolanos? ¿Es posible decir que el proceso democrático se respeta frente a la infinidad de pruebas que desmienten esa afirmación? Esta nota editorial de Trama repasa la forma en que se erosionó la legitimidad política en los años del chavismo y afirma que es tiempo de que los organismos de derechos humanos denuncien con firmeza la existencia de un régimen dictatorial en el país latinoamericano.    

 

Según una definición ya clásica de la ciencia política, un régimen político cualquiera solo precisa, para ser democrático, que se celebren elecciones limpias y competitivas, y que luego se respeten los resultados que ellas arrojan. Nada más.

La definición tiene solo dos condiciones. Una es que el final de la elección debe ser incierto. Es decir, que nadie puede saber quién va a ganar antes de que los votos hayan sido contados. Esto no impide que existan favoritos a ganar y que esos favoritos, finalmente, ganen. Quiere decir, en cambio, que cuando se cierran las urnas nadie debe saber cuál es exactamente el resultado final. En una verdadera democracia, incluso la más fuerte de las fuerzas políticas vive la noche de la elección con incertidumbre.

La segunda condición es que se obedezcan los mecanismos que esos resultados activan. Por ejemplo, si las elecciones son presidenciales, los ganadores deben hacerse cargo del Poder Ejecutivo. Mudarse a la Casa Rosada. Y los perdedores deben volver a la casa propia. Si son legislativas, los ganadores obtienen prioridad y mayor peso en el manejo de uno de los órganos de gobierno, y los perdedores se convierten en la minoría.

Si esas dos condiciones se respetan, hay democracia. Si no, no. La definición es del politólogo Adam Przeworski y es la que impone menos exigencias a un régimen para ser democrático. No pide que haya un poder judicial independiente, ni que la voz de la minoría sea escuchada. Ni siquiera que exista la libertad de expresión. No porque el autor no crea que esas instancias sean importantes. Lo cree. La definición no debe ser leída como afirmando que, por ejemplo, la falta de independencia judicial no sea algo que lamentar. Hay que leerla como diciendo: si perdemos lo esencial ya hemos perdido todo. Y lo esencial es elegir a nuestras autoridades pacíficamente en elecciones. Y así tener, como le gustaba decir a Karl Popper, la posibilidad de echar a los sinvergüenzas a la calle con nuestro voto. Si ya no tenemos ni siquiera eso, es porque estamos viviendo en una dictadura.

En Venezuela es exactamente esto lo que está ocurriendo. Nicolás Maduro, al cual ya en 2018 más de tres cuartos del electorado querían ver fuera, se mantiene en la presidencia solamente porque violó las dos condiciones que la definición más minimalista de democracia tiene. En 2017 desbandó la Asamblea Nacional, que tenía mayoría opositora y así desobedeció el resultado que las urnas habían dado en 2015. Y en 2018 convocó a elecciones presidenciales en las cuales las extremas irregularidades del proceso y el general clima represivo hicieron imposible la derrota del oficialismo. Hubo, entre otras cosas, proscripción de candidatos, impedimento de participación a partidos opositores, utilización arbitraria de los plazos de la normativa electoral para perjudicar a los rivales y hasta frontal compra de voluntades. Fueron elecciones que nadie más podía ganar; es decir, elecciones de resultado totalmente anticipado. Así, en manos de Maduro, el voto popular ha dejado de existir.

Niño cantor.

En este contexto, el pasado mes de enero el diputado Juan Guaidó, siendo presidente de la Asamblea Nacional (el órgano que el régimen desconoció), se proclamó presidente encargado (o interino, diríamos) de Venezuela con el apoyo total de las fuerzas de la oposición. Su argumento legal al tomar esta arriesgada medida está fundado en la notoria falta de legitimidad de las elecciones de mayo de 2018, en las que Maduro se “reeligió”.

Acertadamente, la principal -y acaso única- exigencia de Guaidó es que el dictador que pervirtió las elecciones se vaya y en el país se puedan llamar a comicios limpios y efectivos. Es decir, recuperar el voto. Nada más.

Todo lo demás 

Por supuesto que antes de esto en Venezuela se perdió todo lo demás. Dos décadas de chavismo lograron que hoy en el país no haya alimentos ni medicinas. El sueldo mínimo es equivalente a seis dólares, o doscientos cuarenta pesos argentinos. Y no alcanza para nada. La hiperinflación ha llegado al millón por ciento anual y ha dejado al 80% de la población bajo la línea de la pobreza, y se estima que cerca de tres millones de venezolanos han huido del país en los últimos años. Se trataría de uno de los éxodos masivos más grandes en la historia de Sudamérica. Bajo este régimen es difícil dar con los datos exactos de la macroeconomía, pero especialistas calculan que la caída del PBI es comparable al 40% de contracción que sufrió Siria a partir de 2012, el año en que estalló la terrible guerra civil que aún azota a esa nación.

En 2018 se registraron 23.047 asesinatos en el país, y ello ubica a Venezuela como el país más violento de la región. La cifra equivale a 81 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que sobrepasa largamente el umbral de 10 cada 100.000 que la Organización Mundial de la Salud establece para declarar una epidemia de violencia. En la Argentina, donde sin dudas sufrimos problemas de inseguridad, en 2018 no llegaron a ser 2 homicidios cada 100.000 habitantes. Y Brasil rompió su record y preocupó al mundo con 30 el año pasado.

Venezuela, bajo Maduro, es un país devastado económica y socialmente. Y su sistema político -por decisión exclusiva del gobierno- está inhabilitado para ofrecer la válvula de escape que significaría una elección libre. En ese sentido, más allá de la discusión legal respecto del mecanismo que la oposición eligió, o sobre el modo en el que debe procederse ante la vacancia de un presidente legítimo en el país, Guaidó logró un objetivo político indiscutible: ofrecer una alternativa institucional a la catástrofe que sembró Maduro y llamar la atención sobre el rápido deterioro de la situación en Venezuela, que volvió a ocupar el centro del debate internacional.

Populistas o yanquis

Los pronunciamientos de una parte importante de la comunidad internacional, provocados por el anuncio de Guaidó, aumentaron la presión sobre el régimen y desencadenaron una serie de esfuerzos humanitarios para asistir a los venezolanos. Sin embargo, también despertaron la sospecha de dirigentes, periodistas y pensadores latinoamericanos que intuyen, detrás de esa asistencia, la sombra del imperialismo estadounidense y una reedición del genocidio que desató George W. Bush en Irak. En el mejor de los casos, estos descreídos desprecian los esfuerzos de la oposición y piden una abstracta “salida en manos del pueblo venezolano” sin ayuda extranjera. En el peor, defienden la perpetuación en el poder de un dictador.

Divino tesoro.

El problema principal es que esa interpretación -más allá de sus dudosas credenciales para el análisis geopolítico- desconoce dos hechos claves. Por un lado, es ciega a la tragedia de la crisis humanitaria que sufren millones de venezolanos. Realidad que reclama la más urgente asistencia y atención. Pero, por otro lado, no es capaz de entender que justamente en una dictadura lo que el pueblo pierde es la capacidad de autodeterminarse. Los venezolanos no tienen herramientas para echar a Maduro porque las elecciones han sido corrompidas una y otra vez.

En las izquierdas y centro-izquierdas argentinas, en particular, esta interpretación se ha hecho sentir. La importancia simbólica del chavismo le ha otorgado siempre una cierta impunidad en los círculos más pretendidamente intelectuales. Los errores y los horrores del régimen fueron tradicionalmente relativizados en nombre de sus logros sociales y redistributivos.

Esos logros, de por sí discutibles, han desaparecido por completo. Como muestran Moisés Naím y Francisco Toro (en este excelente artículo), el Estado venezolano ha dejado de brindar los servicios básicos de salud y educación, y hasta es incluso incapaz de ejercer el poder de policía. Lo único que le queda es la violencia represiva. Cientos de disidentes al gobierno y políticos opositores están presos, o son constantemente hostigados por el oficialismo. La existencia de lugares de tortura ha sido afirmada y confirmada por miles de exiliados. Cuando hubo protestas masivas en 2014 y 2017 las golpizas brutales, los arrestos y las torturas no hicieron más que multiplicarse. En esos días calientes, además, se registraron 130 asesinatos de manifestantes.

Es triste, en especial, que algunos actores sociales vinculados a los organismos de DDHH, de gran tradición en Argentina, guarden silencio ante esa violación sistemática de los derechos más elementales. La existencia de estos organismos está justificada, precisamente, en su capacidad para identificar y señalar el debilitamiento o la desaparición del Estado de Derecho. Es su función primordial, y reconoce como antecedente la gesta de los ochenta que situó a la Argentina a la vanguardia de la recuperación democrática en Latinoamérica.

Nuestro país ha asumido como política de Estado la promoción de los derechos humanos, y ha invertido considerables recursos en formar a las nuevas generaciones en esa tradición. Esa formación incluye muchas aristas y dimensiones, pero en todos los casos debe contener las herramientas para distinguir cuándo nos hallamos frente a una dictadura, y qué posición debe asumir un militante de los derechos humanos en ese contexto.

Pues bien, el régimen de Maduro es la forma de organización política latinoamericana que mejor encaja en la definición de dictadura en lo que va de siglo. Su poder está sustentado exclusivamente en las fuerzas armadas, y no satisface ni siquiera los requisitos más laxos de una democracia en sentido minimalista. Arregla y condiciona las elecciones, persigue a los opositores, pisotea la división de poderes, hambrea y reprime a la población y desprecia la forma republicana de gobierno. Es, en resumidas cuentas, una dictadura.

Small Town Talk.

Pero muchos de los argentinos supuestamente mejor formados en la tradición de los derechos humanos prefieren hablar del imperialismo yanqui. O forzar interpretaciones de la Constitución venezolana sumamente cuestionables para legitimar a Maduro. O guardar silencio. Son personas sensibles a la importancia del Estado de Derecho, y están en condiciones de aplicar estándares muy altos en materia de DDHH cuando se discute la realidad argentina, lo que está muy bien. Sin embargo, el régimen de Maduro los halla dubitativos y paranoicos. No pueden siquiera decir que es una dictadura, aquello para lo que se formaron tantos años.

El fracaso

Sucede que la situación en Venezuela se ha convertido en otro episodio de nuestra grieta ideológica y cultural, y forma parte de la discusión partidaria. El ejemplo venezolano, que alguna vez fue reivindicado, hoy es señalado como la consecuencia del populismo desde una vereda, y como el resultado inevitable de la intromisión imperialista desde la otra. Ambas posiciones han invertido grandes cantidades de capital simbólico y político en ese contrapunto. Es muy difícil dar marcha atrás.

Pero los derechos humanos no pueden participar de esa discusión. No fueron concebidos para la disputa partidaria. Existen como garantía cuando el poder político, más allá de sus dinámicas y oposiciones, cruza ciertos límites que no deben cruzarse jamás. Eso son los derechos fundamentales: un núcleo mínimo que hay que proteger en cualquier tiempo y lugar. Y ningún país del continente precisa de esa protección con mayor urgencia que Venezuela.

El silencio ante la dictadura de Maduro o su justificación son síntomas de un gran fracaso. Argentina, que supo juzgar a sus genocidas cuando nadie lo hacía y avanzar la causa de los derechos humanos como ningún otro país en el continente, hoy no cuenta con consensos en esa materia ni siquiera ante la evidencia de una dictadura criminal en su propia región. Es el resultado de un proceso de devaluación de la agenda de los derechos humanos, que partidizó a sus organismos y desprestigió gran parte de sus conceptos a fuerza de denuncias triviales e irresponsables sobre dictaduras inexistentes. Esa devaluación llegó a su punto cúlmine, más paradójico, cuando apareció una dictadura de verdad en Venezuela.

Un largo camino

Nosotros podemos decirlo: el chavismo es un régimen dictatorial y debe terminar. Maduro y sus seguidores tienen que dejar el poder y Juan Guaidó debe llamar a elecciones confiables. Y las democracias del mundo deben presionar para que ello ocurra. Decir que la presión es intromisión, a estas alturas, solo significa complicidad con un gobierno criminal. Las dictaduras latinoamericanas en los años ochenta tocaron su fin con ayuda de la comunidad internacional. No hay ninguna diferencia ahora.

Incluso si todo eso ocurriera, si Maduro renunciara y la gente pudiera votar en condiciones mínimas de transparencia, el camino que debe transitar Venezuela es mucho más largo del que nos imaginamos. Un país destrozado y divido tiene muchas deudas pendientes tanto en el campo del desarrollo económico como en el de la legitimidad política. Pero, antes de que puedan emprenderse esos desafíos, el pueblo debe votar y su voto debe ser respetado. En este contexto, esa condición tan sencilla implica una verdadera revolución. Lo fue en 1983 en la Argentina, año en el que un ciclo infame de golpes militares se cerró por fin. “Sufragio efectivo y no reelección” era el lema que inauguró la Revolución Mexicana. Defender la democracia y promover los derechos humanos empieza por aquí. Por ningún otro lado.

 

Imágenes: Eduardo Naval.

 

 

 

 

 

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